El ocaso de una promesa
OPINIÓN
Fecha de PublicaciónMonday, November 9, 2026
Escrito porRichter_tercero

El ocaso de una promesa

Gustavo Petro llegó al poder proclamándose enemigo de las viejas élites, (supuestamente) defensor de los trabajadores y representante de una supuesta transformación histórica. Durante años construyó su imagen alrededor de la denuncia de la corrupción, la desigualdad y los abusos del Estado. Sin embargo, cuando finalmente obtuvo el poder que tanto había cuestionado, quedó sometido a una prueba mucho más exigente que pronunciar discursos: demostrar que sus ideas podían convertirse en una administración eficaz.

La economía fue uno de los escenarios donde las contradicciones de su proyecto resultaron más evidentes. El problema no fue que Petro rechazara el liberalismo económico, ni que defendiera una mayor intervención estatal. El verdadero cuestionamiento fue su incapacidad para acompañar sus ambiciosas transformaciones con una estrategia fiscal suficientemente sólida. En 2025, Colombia llegó a suspender temporalmente su regla fiscal, mientras el Fondo Monetario Internacional advertía sobre el crecimiento del déficit, el endeudamiento y la debilidad de la inversión privada.

Un gobierno que se proclamaba defensor de los pobres tenía la obligación de comprender que el desorden fiscal no desaparece por llamarlo justicia social. La deuda pública no se paga con discursos revolucionarios y la estabilidad de una nación no puede depender de la permanente confrontación con sus adversarios económicos.

En el sector petrolero apareció otra de sus grandes contradicciones. Petro pretendió presentar la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles como una conquista histórica, pero durante su mandato se suspendió la adjudicación de nuevos contratos de exploración. Colombia seguía dependiendo de los hidrocarburos para obtener divisas, financiar parte de su actividad pública y sostener una proporción importante de sus exportaciones.

No era necesario defender a las multinacionales petroleras ni proclamar las virtudes del capitalismo liberal para cuestionar semejante estrategia. Bastaba reconocer una realidad elemental: una nación necesita construir sus alternativas productivas antes de debilitar las actividades de las cuales depende. La soberanía económica no consiste en pronunciar discursos contra el petróleo, sino en garantizar que Colombia tenga los recursos, la tecnología y la capacidad industrial necesarios para sostener su desarrollo.

Mientras tanto, su política de paz enfrentaba una realidad todavía más dolorosa. La llamada paz total prometía transformar la relación entre el Estado y los grupos armados, pero la violencia siguió golpeando numerosas regiones colombianas. La crisis humanitaria del Catatumbo en 2025 dejó decenas de miles de desplazados y mostró las limitaciones de una estrategia que no consiguió impedir nuevas ofensivas guerrilleras.

¿De qué sirve proclamar la paz desde Bogotá cuando comunidades enteras siguen huyendo de hombres armados? ¿Qué valor tiene una promesa de reconciliación nacional cuando la población civil continúa sometida a amenazas, desplazamientos y reclutamiento?

La paz no puede reducirse a mesas de negociación, fotografías oficiales y declaraciones solemnes. Necesita seguridad territorial, instituciones eficaces y protección real para las víctimas. Allí se encontraba una de las responsabilidades más importantes que Petro debía asumir, y también uno de los puntos más cuestionados de su gobierno.

Pero las contradicciones no terminaban en la gestión económica y militar. Se extendían hasta las propias raíces ideológicas de su movimiento.

El Pacto Histórico reunió numerosas organizaciones de izquierda, incluyendo al Partido Comunista Colombiano. Esta vinculación no fue producto de una campaña de desprestigio: el comunismo organizado participó públicamente en la coalición que llevó a Petro al poder.

Resulta legítimo cuestionar que un proyecto que reivindicaba la pluralidad política incorporara corrientes históricamente asociadas con modelos revolucionarios marxistas y concepciones profundamente intervencionistas del Estado. La discusión no consiste en criminalizar la militancia comunista, sino en exigir respuestas acerca de qué elementos de esas tradiciones ideológicas pretendía incorporar el Pacto Histórico y cuáles rechazaba expresamente.

La justicia social no necesita convertirse en patrimonio exclusivo del marxismo. Los derechos laborales no fueron inventados por los partidos comunistas. El campesinado colombiano no necesita aceptar una doctrina revolucionaria para exigir tierras, protección y oportunidades. Y la defensa de la soberanía nacional no puede quedar subordinada a las simpatías ideológicas de una coalición política.

Todavía más controvertida fue la reivindicación histórica del Movimiento 19 de Abril.

Gustavo Petro no fue simplemente un observador de aquella época. Militó en el M-19, una organización guerrillera que decidió participar en la lucha armada contra el Estado colombiano. El movimiento protagonizó secuestros, operaciones violentas y la toma del Palacio de Justicia de 1985, acontecimientos que forman parte de una historia que no puede reducirse a consignas románticas sobre la revolución.

Petro fue detenido en octubre de 1985 por posesión de armas y explosivos. Su trayectoria política posterior estuvo vinculada al proceso de desmovilización del M-19, pero su pertenencia a aquella organización siguió siendo una cuestión histórica fundamental.

El verdadero problema aparece cuando la memoria de una organización que recurrió a las armas se convierte en motivo de exaltación política.

Las víctimas de la violencia guerrillera no pueden quedar relegadas detrás de la nostalgia revolucionaria. La memoria nacional exige examinar los secuestros, los ataques y la responsabilidad histórica de quienes integraron organizaciones armadas, sin convertir esa pertenencia en una condena colectiva por delitos que no se hayan demostrado individualmente.

Petro tuvo la oportunidad de construir una relación diferente con ese pasado. Sin embargo, su insistencia en reivindicar los símbolos del M-19 alimentó cuestionamientos sobre los límites entre la memoria histórica y la glorificación de una antigua insurgencia.

Su discurso internacional también estuvo atravesado por contradicciones. Petro pretendió ocupar un lugar destacado entre los dirigentes progresistas latinoamericanos, pero sus posiciones frente a gobiernos como el de Nicolás Maduro despertaron cuestionamientos incluso dentro de sectores de izquierda. Mientras dirigentes progresistas de otros países adoptaban posturas más contundentes frente al autoritarismo venezolano, la política de Petro fue criticada por sus ambigüedades y sus intentos de mediación.

Un proyecto que coloca la democracia y los derechos humanos en el centro de su discurso tiene la responsabilidad de defender esos principios con independencia de la ideología del gobernante que los vulnere. Ni la soberanía ni el antiimperialismo deberían convertirse en excusas para guardar silencio ante los atropellos de un gobierno extranjero.

A estas controversias se sumaron los escándalos personales que marcaron la imagen del expresidente.

En octubre de 2026 surgieron denuncias según las cuales mujeres habrían recibido contratos estatales a cambio de favores sexuales. Las autoridades comenzaron a investigar los señalamientos, mientras Petro negó haber utilizado su cargo para obtener relaciones íntimas.

El asunto planteó un problema de enorme gravedad institucional. La vida privada de un dirigente no debería convertirse automáticamente en un juicio político. Pero si los recursos públicos hubieran sido utilizados para recompensar favores personales, la controversia dejaría de pertenecer a la intimidad y entraría directamente en el terreno de la corrupción y del abuso de poder.

También aparecieron acusaciones sobre un supuesto consumo de sustancias ilícitas. Aunque estas afirmaciones no constituyen por sí mismas hechos demostrados, contribuyeron a profundizar el debate público sobre la conducta de quien había ocupado la Presidencia.

Para un movimiento que construyó buena parte de su identidad denunciando la supuesta decadencia moral de las élites tradicionales, semejantes investigaciones representaban una contradicción especialmente delicada.

Durante años, Petro había señalado los privilegios del poder y reclamado una transformación ética de la política colombiana. Su propio entorno terminó enfrentando cuestionamientos que obligaban a someterlo al mismo escrutinio que él había exigido a sus adversarios.

Y allí aparece una de las críticas más profundas al petrismo: haber confundido la superioridad de sus aspiraciones con la superioridad de sus resultados.

Combatir la pobreza es una aspiración legítima. Defender a los trabajadores es necesario. Promover la industria nacional, fortalecer al campesinado y reducir la dependencia extranjera son objetivos que pueden discutirse desde numerosas tradiciones políticas, no únicamente desde la izquierda revolucionaria.

Pero ninguna de esas aspiraciones constituye, por sí sola, una demostración de capacidad para gobernar.

El patriotismo no se demuestra pronunciando el nombre de Colombia en cada discurso. La justicia social no se alcanza simplemente identificando enemigos de clase. Y la transformación nacional no ocurre porque un gobernante proclame que representa al pueblo.

Un gobierno debe responder por el estado de sus instituciones, por la sostenibilidad de sus políticas, por la seguridad de sus ciudadanos y por las consecuencias concretas de sus decisiones.

Petro llegó a la Presidencia prometiendo romper con una manera de ejercer el poder. Terminó su mandato enfrentando preguntas sobre sus propias decisiones, sus alianzas, su política económica, la seguridad nacional y las conductas denunciadas dentro de su entorno.

Su trayectoria deja una cuestión que ninguna consigna revolucionaria puede resolver:

¿De qué sirve prometer un país completamente nuevo si, al llegar al poder, no se consigue demostrar que ese proyecto puede administrar mejor el país que pretende transformar?

Porque la historia no debería juzgar a los gobernantes por el entusiasmo de sus seguidores, por la espectacularidad de sus discursos o por la intensidad de sus enfrentamientos.

Debe juzgarlos por sus actos.

Y ninguna promesa de transformación, por grandiosa que sea, debería estar por encima de esa responsabilidad.

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